martes, 19 de septiembre de 2017

"México dejará de importar petróleo"

López Obrador esboza en redes sociales plan de rescate para el sector energético

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El aspirante presidencial propone aprovechar energía solarFoto La Jornada
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Martes 19 de septiembre de 2017, p. 26
En sus cuentas de redes sociales, Andrés Manuel López Obrador es-cribió que el nuevo gobierno de-mocrático detendrá la caída en la producción de petróleo y la sangría que significa comprar 500 mil barriles diarios de energético al extranjero con sobreprecios hasta de 50 por ciento de su valor real.
En suma, rescataremos al sector energético nacional, escribió en su cuenta de Facebook
Lo escrito por el líder nacional de Morena va acompañado de un video en el que aparece Rocío Nahle García, diputada federal por ese partido y especialista en el tema energético, quien señala que por una falta de visión nacionalista no se ha desarrollado este sector como debería ser.
Con la reforma energética se dejó de producir petróleo; se importó gasolina; estamos con una severa dependencia energética; eso se tiene que revertir, dice la legisladora en el video.
Cita que hay un equipo de expertos que está trabajando en el proyecto de nación de López Obrador para tener seguridad energética en México, explotar nuestros recursos naturales de manera sustentable, con una visión de crecimiento, con una visión nacionalista, conscientes de que en México tenemos todos los recursos naturales.
La legisladora señala que se va a aprovechar el valioso capital humano con el que ya se cuenta, con una fuerte inversión al sector, con recursos destinados a la rehabilitación de toda la infraestructura tan grande ya construida, y poniendo en marcha la industria petroquímica, que ha estado abandonada. Todo, para crecer como las mejores potencias del mundo. Propone construir dos refinerías y aprovechar el sol, el agua y la luz para producir energías renovables. Vamos a desarrollar una industria de nivel mundial. Ya es hora de que los mexicanos veamos por México.

Dinero

 Antes de irse Mancera toma préstamo por 2 mil millones
 ‘‘La estafa maestra’’: resisten que pase al olvido
 Recordando al doctor Drucker
Enrique Galván Ochoa
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Y
a se están yendo, pero antes le dieron un coscorrón de 2 mil millones de pesos a los capitalinos. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera –aunque no tocó el tema en el quinto Informe–, recurrió a la Bolsa Mexicana de Valores para pedir prestada esa cuantiosa suma mediante la emisión de bonos. El año anterior había endeudado a la capital con otros 6 mil millones. Hereda a quien vaya a ser su sucesor una deuda histórica: alrededor de 80 mil millones de pesos. El pago está programado a 10 años y medio y la tasa de interés que cubrirá será de 7.60 por ciento. No pudieron escoger peor momento para hacer la operación, ya que están las tasas de interés a un nivel sin precedente. Ayer renunció el cerebro político-financiero del jefe de Gobierno, Héctor Serrano, con una carta que le envió a su ‘‘querido jefe’’. Dice que en adelante trabajará en delinear el proyecto electoral de Mancera con miras a 2018, para la Presidencia, o lo que caiga, porque en el Frente Unido hay más generales que tropa. Desde luego, el préstamo de los 2 mil millones de pesos no tiene que ver con lo que se ha dado en llamar insidiosamente ‘‘el cochinito de Mancera’’.
La gran estafa
La única forma de evitar que se borren de la memoria los grandes asuntos de corrupción es insistir, insistir e insistir en mantenerlos vivos. ‘‘La estafa maestra’’ no puede ser objeto de un ‘‘delete’’ y enviar el archivo completo al ‘‘trash’’ de la computadora. La investigación puso en evidencia cómo, supuestamente, funcionarios de alto nivel del gobierno federal, por medio de 11 dependencias, crearon un esquema para burlar la ley de adquisiciones mediante la firma de convenios con universidades. El esquema fraudulento podría ser de 3 mil 400 millones de pesos. El expediente será objeto de análisis el próximo jueves por representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Es lo que está por verse.
Citibanamex
… lanzó su programa Amarra tu casa. La finalidad: proteger a los clientes hasta por 12 meses del aumento que pudiera darse en las tasas de interés durante el proceso de formalización de un crédito hipotecario. Ricardo García Conde, director ejecutivo de Crédito Hipotecario, expresó que este esquema ‘‘está basado en la necesidad que tienen las familias por cubrir el riesgo de volatilidad que pudiera presentarse en los próximos meses’’. Amarra tu tasa aplica tanto para la adquisición de viviendas nuevas y usadas, como para inmuebles en proceso de construcción mediante el pago de una comisión equivalente a 1% (más IVA) del monto del crédito; Citibanamex le extiende un certificado que garantiza la tasa de interés hasta por 12 meses para que pueda formalizar su hipoteca sin exponerse a ningún riesgo de mercado. Una vez firmado el crédito hipotecario, la institución rembolsa al cliente la comisión de 1% que pagó en garantía. En caso de no continuar el proceso, no aplica el rembolso. Estará disponible en todos los centros Citibanamex del país del 18 de septiembre al 31 de enero de 2018.
Ombudsman Social
Asunto: recordando al doctor René Drucker
Como un testimonio de afecto y gratitud por su generosidad, reproduzco un mensaje que apareció en esta sección el viernes 30 de enero de 2015. El autor fue uno de mis lectores favoritos: el doctor René Drucker Colín.
‘‘Muy apreciado Enrique: Estoy seguro que habrá poca gente que no concuerde conmigo con lo que a continuación quiero señalarte. El servicio de Telcel es verdaderamente lamentable, es casi fraudulento. Cuando marcas un número, cualquiera, no pasan ni 5 o 10 segundos y la llamada se corta y no importa dónde estés ni a qué hora. Luego, cuando estás finalmente hablando, te mueves medio metro y se vuelve a cortar. Para los WhatsApp e iMessages la mayoría de veces no hay señal de Internet y no puedes mensajearte y así podríamos seguirnos. La conclusión es que el servicio de Telcel es de ínfima calidad, pero eso sí, de costos altísimos. Si tienes Telcel, los ganones no somos los usuarios. Saludos.
René Drucker Colín
R: Querido Dr. Drucker: es muy difícil no estar de acuerdo contigo. Un abrazo.
Pd: Debo decir en honor a Telcel que atendió su inconformidad de inmediato.
Twiteratti
Gracias al ‘‘Frente’’, el PAN ya no puede criticar a Mancera en CDMX; ni el PRD a Moreno Valle y Tony Gali en Puebla; ni MC a Yunes en Veracruz.
Y en el lunes de corruptos... Anaya obtuvo 54 millones de pesos de una empresa establecida en un baldío...
No hay justicia para tanta corrupción pero sí mucho dinero para comprar la justicia.
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa

Astillero

 Puebla: capear la tormenta
 Mara, Tlaxcala, insuficiencias
 Uber y Cabify, en declive
 Borge, siguiente extradición
Julio Hernández López
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ESCASA AYUDA RECIBEN EN CINTALAPA. En Cintalapa, Chiapas, Luz García López y su esposo, Alfonso Rodríguez Clemente, contemplan lo que fue su vivienda. Elementos de la Marina trabajan en el derribo de 170 casas afectadas por el sismo en el ejido Lázaro Cárdenas de ese municipio. Los habitantes de esa comunidad aseguran que a las más de 400 familias damnificadas sólo les ha llegado una pequeña despensa del DIF estatal  Foto Moysés Zúñiga Santiago
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a transición aspiracional que en México significó la llegada de los servicios de transporte personalizado mediante aplicaciones de telefonía móvil, específicamente Uber y Cabify, se ha degradado aceleradamente, conforme a la realidad de un país inmerso en la corrupción y la violencia.
Contrapuesto al riesgo histórico de los abusos en los cobros y el maltrato cotidiano a los usuarios, además de asaltos, secuestros, violaciones y asesinatos en el servicio tradicional de taxis, el nuevo transporte, más seguro, se instaló entre protestas, incluso violentas y delictivas, de los gremios tradicionales y los forcejeos y negociaciones de políticos y gobernantes que tenían intereses en el esquema clásico de las concesiones o que luego invirtieron en el nuevo sistema (recuérdese que, por ejemplo, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha reportado en su declaración patrimonial la propiedad de 50 automóviles dedicados al transporte de pasajeros, sin especificar si son taxis o pertenecen a las nuevas firmas).
Del súbito salto a una civilidad inaugural, con conductores abriendo las puertas a los pasajeros, amabilidad extrema, suministro de botellines de agua o dulces y tarifas aceptables, Uber ha pasado a una chirriante adaptación con la realidad mexicana (aunque, como en todo, subsisten las excepciones): el exceso de autorizaciones onerosas para prestar el servicio ha provocado que los conductores deban trabajar más horas y su buena disposición original se vuelva cansancio, hastío y deserción laboral; los modelos ahora permitidos son de rango inferior en cuanto a seguridad y comodidad y, lo peor, ante la salida de socios conductores originales, y la masificación de esos permisos o contratos, Uber ha abatido sus niveles de exigencia para los nuevos conductores, procesando al vapor las solicitudes y privilegiando que las unidades trabajen, sea como fuere (el autor de esta columna es usuario frecuente de Uber y ha platicado en muchas ocasiones con conductores amables y francos, que le han relatado parte de lo aquí consignado).
A Cabify, en Puebla, le ha tocado enfrentar su propia crisis. Uno de sus conductores está involucrado como presunto responsable del asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla, en un episodio que ha generado repudio a escala nacional. Por lo pronto, en esa entidad se le pretende cancelar el permiso de operación a la citada Cabify, entre otras medidas efectistas (y favorecedoras de otros intereses y firmas) tomadas por el gobierno de Antonio Gali en Puebla, donde el secretario general, Diódoro Carrasco Altamirano (ex gobernador de Oaxaca, ex priísta y panista desde hace largos años), simboliza la continuidad en el mando de Rafael Moreno Valle, con quien ocupó el mismo cargo de virtual gobernador extraoficial.
Esa misma sensación de efectismo, de búsqueda de salidas a rajatabla, está presente en la narrativa oficial respecto de los sucesos que desembocaron en el asesinato de la joven Castilla. Aun cuando la linealidad descriptiva parece convincente en primera lectura, subyacen insuficiencias y grisuras que, sin embargo, ceden ante la premura gubernamental en centrar el asunto en una especie de asesino solitario, sin explorar opciones ampliamente sugeridas en redes sociales y en versiones poblanas, referidas a las posibilidades de que en el asunto estuviesen inmiscuidas redes de trata de personas, con Tlaxcala como sabido punto de referencia, o que fuese necesario indagar otros factores señalados por algunos de los acompañantes de la joven asesinada.
La investigación oficial sobre el asesinato de Mara Fernanda Castilla debe ser amplia, contundente y creíble. En Puebla y en Tlaxcala existen redes de interacción y protección entre empresarios, políticos y grupos delictivos. Los impulsos criminales de un conductor de Cabify pueden ser suficientes para cometer un asesinato como el sucedido en Puebla, pero también hay necesidad de que esa condición homicida individual sea plenamente comprobada.
Por otra parte, la indignación suscitada por el caso de la estudiante Castilla debería llevar a los gobiernos, como fue exigido en las marchas del domingo recién pasado, a declarar una emergencia nacional y a establecer mecanismos ágiles y eficaces para enfrentar la tragedia cotidiana de las desapariciones y asesinatos de personas, sobre todo mujeres. Quedarse en el castigo a Cabify (¿favoreciendo a Uber?) y en el procesamiento del conductor (sin ver más allá), sería tan sólo capotear la tormenta con habilitaciones endebles, sin ir al fondo de un grave problema nacional.
Panamá ha aprobado la extradición de Roberto Borge, quien fue gobernador de Quintana Roo intensamente denunciado por ciudadanos a causa de abusos, enriquecimiento y corrupción mientras estaba en el poder. Como ha sucedido en otros casos (el más escandaloso el de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz), no hubo poder institucional que frenara tales acciones y a los presuntos delincuentes políticos se les ha permitido dejar el cargo y salir al extranjero, donde luego han sido rastreados y encontrados, para solicitar su extradición.
Ser extraditados tiene la gran ventaja, conocida y sugerida por los caros abogados de esos personajes, de que su procesamiento en México sólo puede darse en los términos exactos consignados en la solicitud de retorno, sin que pueda agregarse más de lo ahí estipulado. A ello hay que agregar la siembra de errores procesales que pueden permitir a esos políticos recibir sanciones menores o, francamente, ser exonerados de algunas acusaciones, a título de violaciones al debido proceso.
Y, mientras Enrique Peña Nieto declara que no permitirá lucro político con la ayuda a damnificados de Oaxaca y Chiapas (con Aurelio Nuño, Rosario Robles, Miguel Ángel Osorio, José Narro, Alejandro Murat y Manuel Velasco, entre otros, volcados en el activismo redituable), ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

México SA

De cúpulas y candidatos
Neoliberales vs populistas
Reformas y resultados
Carlos Fernández-Vega
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os organismos cúpula del sector privado aseguran que aún no tienen candidato a la Presidencia de la República –tal vez les da pena decirlo en público–, pero el hecho es que cuando menos sí han dejado en claro quién, ni lejanamente, lo sería. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dice estar abierto a todas las corrientes de pensamiento político de los eventuales aspirantes al hueso mayor, sin apoyar a uno en particular. Hasta allí, sólo es una mentirilla piadosa de la alta burocracia de la iniciativa privada.
Sin embargo, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, es más puntual, y por lo mismo se pronuncia contra discursos mesiánicos y llenos de mentira –el clásico engaña ciudadanos–; es decir, contra el populismo, por ser el camino que lleva a incrementar la pobreza y disminuir la inversión. Herrera Vega remató su brillante pieza oratoria: el camino viene por la ruta de la democracia y no por el autoritarismo, no con medidas económicas equivocadas que sólo traen beneficios de muy corto plazo. Precisamente el espejismo del populismo.
Bien, hasta donde se sabe en los últimos años todos los gobiernos latinoamericanos –salvo el de Brasil– han sido elegidos en urnas y los empresarios regionales avalado los procesos y sus resultados (en algunos casos, haiga sido como haiga sido), de tal suerte que la región decidió el camino por la ruta de la democracia (Herrera Vega,dixit) y no por el autoritarismo (ídem).
El problema comienza cuando el discurso empresarial se topa con la cruda realidad, pues denuncia que el populismo incrementa la pobreza y disminuye la inversión –como dice Herrera Vega–, cuando en los hechos esos dos factores se han incrementado y desplomado, respectivamente, en los gobiernos neoliberales; es decir, los totalmente opuestos al sistema que promueve los discursos mesiánicos y llenos de mentira, y, por si fuera poco, la fórmula mágica para engañar a la ciudadanía (por cierto se trata de una hipótesis similar a la de Enrique Peña Nieto, aquella que asegura que en 2018 México sólo tiene de dos sopas: seguir construyendo o elegir un modelo fracasado).
En el caso latinoamericano hay de dónde escoger (neoliberales, populistas, de medio cachete, entreguistas, campechanos, dulce, manteca, etcétera, etcétera) y los resultados concretos se pueden medir con base en el crecimiento económico (tasa anual promedio) registrado en la última década. Así, México –el non plus ultra del neoliberalismo– y Chile –el laboratorio madre del modelito– reportan una tasa anual promedio de 2 y 3.1 por ciento, respectivamente. En cambio, Bolivia registra 5 por ciento; Colombia, 3.6; Cuba, 2.2; Guatemala, 3.2; Argentina, 1.6; Brasil, 1.5; Perú, 4.9; Venezuela, -1.5; y Uruguay, 4.1. Es cuestión de escoger.
Pero en el caso mexicano la cúpula empresarial asegura no tener preferencias por un candidato en especial a la Presidencia de la República, pero es más que obvio a quien mantiene fuera de cualquier posibilidad. Cuando menos no son tan cínicos como los banqueros, quienes aseguran que con cualquiera se acomodan. Sí, cómo no.
Pues bien, las propias cifras oficiales (las de seis gobiernos neoliberales al hilo, a quienes se les puede acusar de absolutamente todo, menos de ser defensores del populismo) documentan lo resultón que ha sido el modelito en materia de generación de pobreza y desplome de la inversión; es decir, en lo que la cúpula empresarial achaca al populismo.
Lo anterior, porque del sexenio salinista al de Peña Nieto el inventario nacional de depauperados por ingreso se elevó de 38 a casi 64 millones, es decir, un muy neoliberal incremento de 66 por ciento en el periodo, con todo y que tanto en el gobierno como en la cúpula del sector privado no consideran populista al programa oficial de combate a la pobreza.
Y como indicador de refuerzo se puede incluir el índice de desarrollo humano (IDH, elaborado por el PNUD), medición que nada tiene de populista: en 1990 México ocupó el escalón número 38 en esta materia, con un índice de 0.876 (mientras más cercano a uno, mayor desarrollo); para 2016 había caído al peldaño 77 (con un índice de 0.762); esto es, un desplome de 39 posiciones en el periodo.
Y en materia de inversión (que el populismo la disminuye, según dice Herrera Vega), con base en las cifras oficiales, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (un organismo privado) aporta los siguientes elementos: “las reformas estructurales aplicadas desde los años 80 del siglo pasado no han logrado generar un cambio en la dinámica de inversión. Las cifras son contundentes: entre 1980 y 1989 la inversión pública disminuyó a la mitad en términos reales.
De acuerdo con el Inegi, entre 1993 y 2015 la variación de la inversión pública creció a una tasa promedio negativa de -0.1 por ciento. Hoy se invierte no sólo menos que en 1993, sino la mitad de lo que se realizaba en 1980”.
Los neoliberales (reformadores y modernizadores de absolutamente todo, esto es, la fórmula mágica que critican al populismo) a los mexicanos prometieron que con los cambios accederían al primer mundo y que su nivel de vida sería envidia de los noruegos. En los hechos, se mantienen en el tercer mundo y su bienestar resulta similar (el comparativo es del PNUD) al de los habitantes de la República Popular del Congo.
Por lo visto lo anterior no tiene registro en la cúpula empresarial ni en Los Pinos, porque su inquilino ayer se aventó la puntada de presumir que en su gobierno se ha hecho lo que nunca antes (léase más reformas y modernizaciones, es decir, lo que han hecho los cinco previos), pero olvidó mencionar que con los resultados de siempre (privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas). Sería maravilloso que EPN presumiera que en sus cinco años de estancia en la residencia oficial, México escaló posiciones en desarrollo, abatió la pobreza, aumentó la inversión y mejoró el bienestar de los mexicanos.
Pero no. Ayer subrayó que “los mexicanos tenemos que creer que el mejor parque temático del mundo puede estar en nuestro país… el parque de diversiones Amikoo, en la Riviera Maya”. ¡Olé! (sin ánimo populista). Lo demás puede esperar.
Las rebanadas del pastel
El engrudo se les hace bolas a los negociadores mexicanos. La primera ronda del TLCAN (en Estados Unidos) fue positiva y el proceso no se tambalea; segunda ronda (en México) fue exitosa; tercera ronda (en Ottawa, 23-27 de septiembre),agárrese quien pueda.
Twitter: @cafevega

EDITORIAL La Jornada

La Jornada: sus 33 primeros años
E
ste diario llega hoy a su trigésimo tercer aniversario en circunstancias nacionales e internacionales muy distintas a las que imperaban en su fundación, aunque en medio de desafíos y peligros comparables o incluso superiores a los que debió enfrentar cuando salió por primera vez a circulación. El más preocupante de ellos es, sin duda, el deterioro económico experimentado por Demos Desarrollo de Medios, SA de CV, empresa editora de La Jornada, y que tiene como razones principales la crisis económica mundial, que induce una caída de las ventas de publicidad de las organizaciones informativas, y el fenómeno universal del retroceso de los medios de información convencionales –especialmente, los impresos– debido al surgimiento de plataformas tecnológicas. Estas tendencias se han traducido en una grave mortandad de periódicos y revistas o, en el mejor de los casos, en la cancelación de las versiones impresas para migrar a una existencia meramente digital.
La transición en curso resulta mucho más espinosa para un medio que, como La Jornada, nació y se conserva independiente de poderes políticos y de conglomerados empresariales. Es muy alto el precio a pagar por la preservación de una línea editorial propia, crítica y ajena a los grupos de interés: conlleva la ausencia de recursos para la renovación y la adecuación a las nuevas circunstancias. Es el caso de este diario, con tantos y tan dispersos pequeños dueños que bien puede considerarse que no tiene ninguno –o, mejor dicho, que pertenece a la sociedad y a los lectores–, que no ha sido conducido por el afán de la ganancia y que ha reinvertido la totalidad de sus utilidades, cuando las ha tenido, para otorgar a todos sus trabajadores las mejores condiciones laborales posibles.
Tales consideraciones resultan fundamentales para poner en perspectiva el problema laboral que ocurrió precisamente este año. Este conflicto con el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) hizo crisis en junio pasado y pudo haber desembocado en el cierre definitivo e inevitable del periódico. Las acciones sindicales tuvieron como origen la decisión de la empresa de reducir en forma significativa prestaciones laborales contenidas en el contrato colectivo de trabajo y cuyo mantenimiento, de acuerdo con un laudo emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hacía financieramente inviable al diario. Es claro que en esta circunstancia la única alternativa habría sido emprender un recorte masivo de su plantilla laboral como los que, por desgracia, son habituales en estos tiempos en los medios impresos y electrónicos, e incluso en los de Internet. La única vía de reducción de personal, en nuestro caso, ha sido la del retiro voluntario, algo pactado y aceptado por la parte sindical. Pero de ninguna manera se hicieron despidos masivos.
Se optó, pues, por el mal menor: reducir prestaciones insostenibles e imposibles para la situación del diario. La respuesta del sindicato fue intentar una huelga, a pesar de que ésta carecía de objeto al existir ya un laudo oficial. A pesar de ello, se consumó el intento de secuestro de las instala-ciones, calusurando el ingreso y la salida de ellas e incurriendo así en la privación de la libertad de quienes permanecían en el edificio. Pero la mayoría de la comunidad jornalera decidió, aun en esas condiciones, seguir publicando el diario sin interrupciones. La Jornada circuló por la voluntad de esa mayoría que no quiso poner en riesgo la continuidad del proyecto. La medida sindical fue declarada inexistente por las autoridades laborales y se evitó la extinción de una fuente de trabajo que, entre Demos y sus filiales –la distribuidora y la imprenta– da sustento a casi 600 familias.
Sin embargo, la actitud de la dirigencia de la organización gremial dañó al periódico en varias dimensiones. Por una parte, imposibilitó o retrasó la concreción de diversos proyectos de negocio, intoxicó los vínculos internos de una comunidad que se ha distinguido por su fraternidad y solidaridad y, lo más grave, abrió, en un entorno mediático siempre adverso y hostil, la oportunidad que algunos esperaban para iniciar una enésima campaña de golpeteo en contra de La Jornada. Espacios y tribunas que nunca habían dicho una palabra sobre los recortes injustificados y masivos en otros diarios y medios electrónicos se poblaron de pronto con coberturas sesgadas en las que se acusaba a nuestro periódico de defender intereses patronales, adoptar una mentalidad neoliberal y otros absurdos.
Es importante, en este punto, tener en mente que La Jornada evita, por principio, manifestarse sobre los asuntos internos de otros medios y entrar en debates con ellos porque considera que la tarea periodística debe consagrarse a cubrir las noticias, no a ser noticia. Cuando el acontecer de las instancias informativas empieza a ocupar el sitio que, a nuestro juicio, debe consagrarse a la actividad de otros actores sociales, el trabajo periodístico se encierra en sí mismo, se vuelve autorreferencial y pierde la utilidad social que debe caracterizarlo.
Es importante aclarar que si bien hay en curso, como consecuencia del conflicto sindical, denuncias por privación ilegal de la libertad, éstas no han sido interpuestas por la empresa Demos sino, a título personal, por algunos de los trabajadores que se vieron afectados y agraviados por actitudes claramente lesivas para ellos durante el cierre injustificado e indebido de la sede del diario.
En las difíciles circunstancias actuales, La Jornada no ha interrumpido sus ediciones cotidianas ni su presencia en Internet y redes sociales y ha cumplido, con ello, su compromiso principal, que es con sus lectores y con la sociedad; evitó el cierre de la fuente de trabajo de centenares de trabajadores y no ha dejado de pagar salarios ni de cumplir con las prestaciones de ley, y mantiene, por sobre todas las cosas, su integridad editorial y su determinación de seguir desarrollando, día tras día, un trabajo periodístico profesional e independiente, crítico, sereno y equilibrado. Las razones principales de estos logros son, por un lado, la existencia de una comunidad jornalera combativa, leal a los principios del diario, pero a la vez dialogante y compenetrada, con una visión periodística singular, así como la solidaridad de importantes sectores sociales con el que consideran su periódico, y que da continuidad al impulso generoso con el que hace 33 años muchas personas, encabezadas por artistas como Rufino Tamayo y Francisco Toledo, académicos, trabajadores, organizaciones sociales y sindicales, profesionistas, amas de casa y estudiantes, apoyaron el surgimiento de este diario. Por ellos y por los que han llegado después, así como por los que llegarán, seguimos.

Yo sólo quería que amaneciera

Magdalena Gómez
A
niversarios de violaciones descarnadas de derechos humanos, como las que entrañan la desaparición forzada, con su ingrediente de continuidad del dolor y la rabia, ponen en juego no sólo el sentido de la justicia, sino que incrementan el costo para sostener la esperanza de que tarde o temprano se conocerá la verdad. Nada más cierto ahora, a una semana del tercer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sin duda, efemérides como ésta tienen impregnado el olor de la impunidad.
Es realmente encomiable la incansable lucha de las madres y los padres de los jóvenes estudiantes, como lo es de las organizaciones que los han acompañado. Si sólo colocamos la mirada en la línea de aporte efectivo y profesional, por ejemplo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para desentrañar los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, encontramos a un Estado, el mexicano, rebasado y sometido a sus propias deficiencias estructurales. Cuando se ha dicho fue el Estado refiriéndose al caso Ayotzinapa, no han faltado voces escandalizadas. Hoy podemos afirmar que la desviación de la investigación, el daño que a la misma hizo la llamada verdad histórica coloca precisamente al Estado como responsable directo de que la verdad real se vea muy lejana. Es indignante que apenas hace unas semanas, la Procuraduría General de la República (PGR) informó al Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya confirmaron que algunos teléfonos celulares de los estudiantes siguieron funcionando días después de su desaparición, que asignaron un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para la investigación, que tienen elementos sobre la identidad de personas clave. En este punto el mecanismo consideró que la identificación y posterior detención de estas personas contribuiría a obtener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes; la CIDH espera que la información recibida sea corroborada con elementos de prueba pertinentes. En fin, en la PGR reiteraron que ahora sí atenderán las recomendaciones contenidas en los informes del GIEI; nada dicen respecto de que de los 170 detenidos solamente 70 enfrentan cargos relacionados con la agresión y desaparición de los normalistas, los otros 100 enfrentan acusaciones por delincuencia organizada o bien por delitos contra la salud. Como lo ha denunciado el Centro Pro.
Mientras, Tomás Zerón protegido por el régimen, se da el lujo de continuar declarando a la prensa, que la investigación sobre la verdad histórica se sostiene y está muy bien hecha.
El mecanismo aludido concluirá en noviembre próximo con la presentación de un informe para el que necesita evidencias tangibles. Por ello en su reciente visita, apremió al Estado mexicano a detener a los policías de Huitzuco, Guerrero, involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. También exhortó al Estado a que avance en la investigación de los policías federales, quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos. Retomó, como lo hizo en su momento el GIEI, a abordar la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes o de dinero hacia Estados Unidos sigue siendo de suma importancia y debe profundizarse más a la luz de todos los elementos de investigación que se encuentran en el expediente. Por ello exhortó al Estado a priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús. Las novedades respecto al caso nuevamente provienen de fuentes externas. Forensic Architecture, con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres, presentó el pasado 7 de septiembre una cartografía interactiva de los hechos de Iguala denominada Ayotzinapa: una cartografía de la violencia. Se trata de un grupo interdisciplinario de arquitectos, abogados y periodistas, especializado en armar narrativas innovadoras de hechos complejos. Se realizó a petición del Equipo Argentino de Antropología Forense y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez apoyándose en los Informes del GIEI y en textos de John Gibler. Destaca la reconstrucción de la versión de un militar que presenció por casi una hora los ataques contra los normalistas que después desaparecieron cerca del Palacio de Justicia, en Iguala. El director del proyecto colocó el énfasis en la constante en casos de este tipo, donde el Estado se encarga de la destrucción de evidencias (como las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia).
Otro aporte será presentado el día de mañana, se trata del informe que elaboró Fundar: Yo sólo quería que amaneciera: impactos sicosociales del caso Ayotzinapa, en el que se documentan las voces de las otras víctimas, como son las de las familias de los estudiantes desaparecidos. Fuerte, su contenido muy previsible; el grito está en su título. Que ya termine la oscura impunidad.

Oaxaca, la organización autónoma de los damnificados

Luis Hernández Navarro
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ste 17 de septiembre, un grupo de gente armada asaltó en Juchitán un tráiler lleno de productos solidarios, destinados a los damnificados por el sismo. El vehículo se trasladaba rumbo a la salida a Ixtepec cuando fue interceptado por varios motocarros pintados de rojo y amarillo. Los ladrones se llevaron ropa nueva de una maquiladora de Tehuacán, alimentos y botiquines de primeros auxilios. De paso, despojaron a los voluntarios que habían organizado la colecta de sus celulares y carteras.
Ese robo no fue casualidad. Multitud de hurtos han sido perpetrados en la zona de desastre desde que la tragedia se atravesó en la vida de los istmeños. Desgracia sobre desgracia, miles de afectados no sólo perdieron de un momento a otro sus viviendas, en muchos casos construidas a lo largo de varias generaciones, sino los pocos bienes que se salvaron de la destrucción. A pesar de la presencia del Ejército, los ladrones se los han robado.
Para proteger sus escasas propiedades, los damnificados viven y duermen en las calles. Ni siquiera cuentan con tablones y láminas para guarecerse del sol y las inclemencias del tiempo. En su lugar, colocan toldos improvisados y aguardan, cada vez con mayor impaciencia, señales de la reconstrucción. Desconfían de la policía, que en el día viste uniforme y en la noche se lo quita para delinquir. Por eso, en varios barrios y secciones han formado grupos de vigilancia para tratar de evitar el pillaje.
La autorganización de los damnificados del Istmo para enfrentar la inseguridad es expresión de un proceso más amplio de asociación comunitaria autónoma, surgida de la incapacidad gubernamental para atender a las víctimas del desastre. Las distintas instancias de gobierno han sido rebasadas por la magnitud de la tragedia, y los afectados se han organizado por su cuenta para tratar de solucionar sus efectos. No sólo cuidan sus propiedades. Junto a grupos de voluntarios, también se hacen cargo del acopio, hacen funcionar comedores populares y gestionan la reconstrucción.
En esas experiencias autogestivas está el germen de un gran movimiento de afectados. Grande por el número de sus integrantes, por su capacidad de movilización, por su potencialidad para desafiar y negociar con el Estado.
Ese movimiento en potencia está alimentado por una vigorosa matriz cultural. Tanto el Istmo como la Sierra Mixe-Zapoteca son regiones con una fuerte identidad étnica, una importante cohesión cultural y una tradición de lucha histórica. Buena parte de los choques que se han producido entre los damnificados y el gobierno federal tienen que ver con la incomprensión de esta especificidad y el afán centralizador y homogeneizador de los planes de reconstrucción de las autoridades federales.
Ese es el caso de la vivienda. Sedatu anunció la edificación de casas de 50 metros cuadrados. Pero los afectados no quieren casas sino materiales de construcción y ayuda para levantarlas. Conocedores de la máxima de que donde hay obra, sobra, creen que con el proyecto gubernamental se va a hacer negocio; más aún, ante la falta de licitación para otorgar las edificaciones.
En el Istmo la gente está acostumbrada a vivir en casas de techo amplio para resistir el calor, con un corredor en el que se pone la hamaca, y patio con palmeras o tamarindos. Muchos istmeños tienen viviendas de 30 metros de calle y 20 metros de fondo (no toda la superficie está edificada). El material de construcción principal es el adobe, fresco en verano y cálido en temporada de frío. El proyecto gubernamental anunciado choca con esa realidad.
Cinco experiencias asociativas, dentro y fuera de Oaxaca, serán referencias importantes en la formación de este movimiento. La primera es la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de finales de las décadas de 1970 y comienzos de la de 1980 (la que ganó el ayuntamiento de Juchitán en 1981), hoy dividida en seis o siete fracciones e inmersa en un proceso de descomposición política. La segunda es la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), surgida a raíz de los sismos en Ciudad de México en 1985.
La tercera es la Comuna de Oaxaca, parida por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, que exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. La cuarta es la lucha por la defensa del territorio en contra de los megaproyectos, de la cual es parte la resistencia a la instalación de plantas eólicas en el Istmo. Y, finalmente, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, formado para enfrentar los desastres naturales provocados en aquella región por la conjunción del huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013.
Hasta hoy, la solidaridad hacia los damnificados sigue siendo vigorosa, pero no necesariamente tiene continuidad. Muchas de ellas son proyectos individuales o de pequeños grupos de afinidad que acopian víveres y agua, y terminan con la entrega del apoyo a los afectados. Las únicas iniciativas de la sociedad civil que mantienen una presencia organizada, permanente y sostenida en la mayoría de la zona dañada son las del magisterio de la sección 22, las del artista Francisco Toledo y las del Congreso Nacional Indígena.
Hay enorme desconfianza a las iniciativas gubernamentales para canalizar ayuda humanitaria. La pretensión de centralizar esa solidaridad mediante el DIF, de agencias gubernamentales o de políticos, suscitan muy poca adhesión y entusiasmo.
El gobierno federal tiene ante sí un dilema central: o se apoya en la población para enfrentar las tareas de la reconstrucción o pretende resolver los problemas que tiene por delante sólo con una lógica institucional centralizada. En lo que es la crónica de un desastre anunciado, hasta ahora, su política ha consistido en tratar de controlar desde arriba las labores de rescate y reconstrucción, y utilizarlas como pasarela para la sucesión presidencial. Más temprano que tarde se topará con la organización autónoma de los damnificados.
Twitter: @lhan55

El Mancerato

Pedro Miguel
E
l gobierno capitalino que está a punto de concluir se ha caracterizado desde sus primeros días por la negación sistemática y progresiva de las promesas que formuló su titular cuando estaba en campaña para aspirar al cargo. Gracias a sus propuestas, Miguel Ángel Mancera Espinosa consiguió recaudar una votación enorme y sin precedente –cerca de 60 por ciento de los sufragios– y un gran margen de ventaja sobre sus principales competidoras, la priísta Beatriz Paredes y la panista Isabel Miranda de Wallace.
El electorado del Distrito Federal quería, en primer lugar, un gobierno comprometido con las libertades, y Mancera lo traicionó. Desde que empezó a despachar en el Palacio del Ayuntamiento mantuvo en la cárcel a muchas personas que habían sido conducidas a ella por protestar en contra de la reciente imposición de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, e incluso, como se demostró de manera fehaciente, por nada. La política de criminalización de la protesta social ha sido una constante en la procuración de justicia del gobierno de Mancera y para ello se ha recurrido a la fabricación de delitos y a la captura y consignación de simples personas que van pasando junto a la protesta o junto al disturbio. Otra constante ha sido la infiltración en marchas y el montaje de provocaciones, como se ha evidenciado también en diversos videos.
El electorado del Distrito Federal votó por Mancera, además, porque quería una autoridad capitalina independiente y crítica del Ejecutivo federal. Pero el todavía jefe de gobierno defraudó tal expectativa, se plegó al Peñato desde un inicio y a partir de entonces ha operado no como un contrapeso al poder presidencial sino como un cómplice de los desmanes y barbaridades perpetrados desde Los Pinos.
El electorado del Distrito Federal quería un gobierno con sentido social que respaldara a los sectores populares, que impulsara la vida de los barrios, que generara empleos, que prosiguiera y profundizada los programas sociales instaurados por sus antecesores y que privilegiara el interés público por encima del privado. Mancera ha hecho exactamente lo contrario: engordar a los insaciables especuladores urbanos, privatizar los espacios de todos y de nadie, vender cuanto metro cuadrado de ciudad le fuera posible, favorecer los megadesarrollos y el crecimiento vertical de la urbe sin preocuparse por los impactos ambientales ni la catástrofe de habitabilidad que se nos ha venido encima. Los habitantes importan un pepino: hay que dotar de agua, electricidad y vialidades a los centros comerciales. Y mientras el gobierno urbano se gasta carretadas de dinero en hipstereadas opacas y dudosas –de las más recientes: forrar con plantitas los pilares del segundo piso del Periférico para declararlo vía verde–, decenas de miles de adultos mayores están en lista de espera para recibir la pensión que por ley les corresponde. En todo caso, muy pocos de quienes dieron su sufragio a Mancera esperaban que entregara a un puñado de empresas ganancias astronómicas en forma de parquímetros, fotomultas o ecobicis, en detrimento de las finanzas públicas.
El electorado del Distrito Federal votó por un individuo que ofrecía no realizar nuevas obras viales porque –decía, y no sin razón– era pertinente dejar descansar un poco a los capitalinos que vivieron los dos sexenios precedentes intensos programas de construcciones de vialidad. Y por añadidura los habitantes del Distrito Federal querían un gobierno preocupado y ocupado en preservar al menos el frágil equilibrio ambiental de la ciudad. En cambio, Mancera la emprendió con proyectos tan exasperantes, impresentables y fallidos como el Deprimido Mixcoac, en cuya realización fueron talados o arrancados miles de árboles.
El electorado del Distrito Federal no votó por un gobierno antidemocrático y mapache. Pero Mancera consintió la perpetración de toda clase de marrullerías electorales del PRD en los comicios de 2015.
Ciertamente, después de sufrir varias tomaduras de pelo por parte del PRI, Mancera consiguió una reforma política para el Distrito Federal que incluyó la convocatoria a un congreso constituyente que, con todo y su conformación antidemocrática, dio a la capital su primera Carta Magna: es un documento con avances importantísimos e innegables, pero ello no fue mérito del jefe de Gobierno sino de los propios constituyentes. Quedó pendiente la soberanía capitalina en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Ahora el jefe de Gobierno se apresta a catapultarse a una candidatura presidencial –él dice que no ha estado haciendo política– pero después de casi cinco años de Mancerato la mayor parte de las ciudadanía capitalina sabe qué esperar de él: la traición.
Twitter: @Navegaciones

lunes, 18 de septiembre de 2017

morena

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Los de la mafia del poder están desesperados, porque no hayan como frenar al MORENA y por eso se descaran: AMLO

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                 Boletín 017-284
Descargar: b17-284
Purísima del Rio, Guanajuato, 17 de septiembre de 2017


  • Manifiesta que en Guanajuato se padece una situación crítica, porque esta entidad está entre los primeros lugares en violencia en el país
Ante militantes de MORENA, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los de la mafia del poder –quienes son los dueños de los partidos políticos con excepción a MORENA— están desesperados, porque no hayan cómo frenar a MORENA y por eso “se están descarando, se están quitando la máscara, se están desnudando”.
Sostuvo que quienes se creen amos y señores de México tendrán dos candidatos el del PRI y el del PAN, que ahora se alió al PRD, es una vil promiscuidad política, y cuando se vaya acercando el día de la elección, uno de ellos en los hechos, va a hacerse a un lado, va a declinar, para unirse en contra de MORENA.
“Pero que les puedo decir desde ahora, que les vamos a ganar a todos los partidos paleros de la mafia del poder”, dijo.
Recordó que desde un tiempo ha dicho que el PRI y el PAN son lo mismo, “por qué lo digo, porque tengo pruebas”, y puso de ejemplo que en el 2006 para robarle la Presidencia, porque no quieren haya un cambio verdadero, los gobernadores del PRI apoyaron al PAN para imponer a Felipe Calderón.
Y en el 2012, comentó, el PAN le ayudó al PRI, Vicente Fox ni siquiera llamó a votar por la candidata de su supuesto partido el PAN, Josefina Vázquez Mota, sino por Enrique Peña Nieto, son lo mismo hasta en la compra del voto en la temporada electoral.
Asimismo, indicó que los de la mafia del poder llevan a cabo una guerra sucia a partir de decir que si gana MORENA, México va a ser como Venezuela, no tiene que ver ni con Donald Trum, ni con Nicolás Maduro, es decir, Ni Maduro, ni Trump.
En Purísima de Rincón, Guanajuato, López Obrador explicó que su presencia en el municipio es para reunirse con militantes de MORENA e informar sobre el movimiento.
“Es muy importante que se conozca el propósito de MORENA para que con información los ciudadanos, de manera libre, decidan sobre su futuro, sobre el destino de nuestro pueblo, de la nación”, detalló.
Señaló que lucha por un cambio verdadero, porque las cosas no están bien ni en Purísima del Rincón, en Guanajuato ni en el país, ya que hay muchos problemas, hay pobreza, desempleo y sobretodo mucha inseguridad, mucha violencia.
Manifestó que en el estado se padece una situación crítica, porque esta entidad está entre los primeros lugares en violencia en el país, y “ayer en el periódico Reforma se da a conocer que Guanajuato tiene proporcionalmente, es decir, de acuerdo al número de sus habitantes el primer lugar en homicidios en el país”.
Expuso que se llegó a estos extremos, porque no se han resuelto las causas, y puso de ejemplo que en Guanajuato, como en ningún otro estado del país se profundizó, se llevó al extremo la llamada política económica neoliberal.
Dijo que en la entidad cuesta más la educación, porque en los últimos tiempos se privatizó la educación, de manera silenciosa y no se invierte en educación pública.
“Ese es el Guanajuato de los gobiernos panistas y ahora se están pagando las consecuencias de esa política, porque se le cierran las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio, se les rechaza a los jóvenes cuando quieren ingresar a las universidades públicas”, expuso.
Aclaró que no está en contra de la educación privada, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, la educación no es privilegio, es un derecho del pueblo.
Añadió que es un asunto de sentido común, de juicio práctico, es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, y han orillado a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales,  se les canceló el futuro a los jóvenes y “estamos pagando las consecuencias”.
“Si no hay trabajo, si el joven no tiene oportunidad de estudiar, pues va a ser tentado para tomar las conductas antisociales”, indicó al manifestar que si no fueran por las remesas que mandan los paisanos migrantes a sus familiares, cada año, que es de 24 mil millones de dólares, el país sería un infierno.
Planteó que se tiene que cambiar el estilo de vida que tienen muchos mexicanos, la cual se basa en lo material y por ello se tienen que  fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, es decir,  que la gente valga por su integridad, no por el dinero.
Para lograrlo, dijo, se tiene que llevar a cabo un cambio, lograr el bienestar material, es decir, que se tengan trabajo, un salario justo, satisfacer necesidades de atención médica, educación y se requiere el bienestar del alma. Adelantó que al triunfo de MORENA, dentro de 9 meses y unos días, se va a revisar la mal llamada reforma educativa, no se va a seguir con esa política.
Asimismo, se alejará a los jóvenes de la delincuencia,  a partir de dar becas 2 millones 600 mil jóvenes de familias de escasos recursos para que trabajen y estudien, lo cual tendrá una inversión de 110 mil millones de pesos  dio a conocer al exclamar que “ya es tiempo de lograr un cambio verdadero”.
En entrevista que concedió en el municipio de la  Purísima del Rincón, Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador negó que tenga pensado reunirse o sostener una llamada telefónica con Ricardo Monreal, actual delegado de Cuauhtémoc y ex aspirante a ser coordinador de organización de MORENA en la Ciudad de México.
Al preguntar los reporteros si sabía que estaba en la tierra del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el presidente del CEN de MORENA respondió que sí de la tapadera principal, porque es el que encubrió al que estaba de gobernador Juan Manuel Oliva, quien se robó todo en la entidad y “este es su tapadera, está haciendo lo mismo, es igual de corrupto”.
Sobre cuál es la situación que observa en Guanajuato, López Obrador señaló que está muy mal, porque hay mucha pobreza y sobre todo mucha inseguridad, mucha violencia, es el estado con más homicidios en el país, hay huachicoleros, pero los principales están en el gobierno.
Entorno  a que hay atracción de inversión en el estado en el sector automotriz y al mismo tiempo es un estado violento, López Obrador dijo que es una entidad con mucho desempleo, pero hacen mucha publicidad cuando se instala una planta, pero no alcanzan a cubrir toda la demanda de trabajo que hay en Guanajuato, hay muchos jóvenes que no tienen posibilidad de empleo, además se dan muy malos salarios
Al preguntar los reporteros sobre el perfil para el próximo candidato de MORENA en la entidad, el presidente del Comité Ejecutivo de MORENA respondió que será gente honesta y se va a decidir en su momento, de manera democrática, no como lo hace el PAN.
Recomendó a los dirigentes de MORENA a que vayan casa por casa y hablen con la gente, que les digan que MORENA es la opción, y pidió la unidad de la gente.
Cuestionó que cómo pueden decir los gobernantes de Guanajuato que gobiernan bien, si todos los días hay asesinatos, ya no pueden engañar, porque la realidad se imponen y para que la gente  no voltee a ver a MORENA, los de la mafia se han dedicado a decir que todos son iguales, “pero nosotros no somos iguales y por eso tengan confianza, no vamos a defraudarles, yo no soy Fox, Fox es un falsario”, “lo que hizo es salir de pobre”.
También, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Romita y por la tarde, el presidente del CEN de MORENA visitará Silao, Guanajuato.